Después de la salida de Gustavo Petro de la presidencia, buena parte de Colombia sigue atrapada en las consecuencias de una promesa que despertó enormes esperanzas. El cambio que iba a transformar la política terminó rodeado de escándalos de corrupción, denuncias de degradación moral e investigaciones que siguen pendientes de esclarecerse. Y mientras el país exige respuestas, hay una pregunta incómoda: ¿en qué quedó el pueblo al que prometieron empoderar?
Petro entendió algo que gran parte de la política tradicional ignoró. Que el resentimiento moviliza. Durante años, muchos colombianos percibieron que las oportunidades estaban reservadas para unos pocos, que sus necesidades no importaban y que las élites gobernaban de espaldas a ellos. Esa inconformidad era real. El problema fue convertir ese resentimiento en combustible de acción política permanente, alimentar la confrontación y presentar al oponente como enemigo responsable de todas las frustraciones.
De esta manera se construye una lealtad peligrosa: el líder deja de ser evaluado por sus resultados y empieza a ser defendido por lo que representa frente al enemigo. Entonces, los cuestionamientos se convierten en persecución injusta, las explicaciones en ataques y las incoherencias y escándalos se toleran porque reconocerlos significaría darle la razón al otro. Pero el resentimiento no desaparece cuando cambia el presidente. Se transforma, busca nuevos protagonistas y espera nueva oportunidad.
Y aquí comienza el desafío de Abelardo de la Espriella. La indignación de los colombianos arrollados por la dinámica de aversión contra el petrismo sirvió para lograr una victoria electoral, pero no constituye, por sí sola, un proyecto de gobierno. El terremoto del 10 de agosto incentivó una ola de solidaridad sin precedentes dejando a un lado la polarización, pero el presidente, quien inicialmente asumió el liderazgo de la reconstrucción, pronto decidió priorizar la presencia personal en las “demostraciones de fuerza” en operativos de seguridad, al mismo tiempo en que delegó la tarea de reconstruir en personas que no han estado a la altura. Lo cierto es que el empuje del Gobierno Nacional se desvaneció y los alcaldes y gobernadores tuvieron que enfrentar la gravedad del problema. Los anuncios de la creación del Fondo Milagro y de distintos planes y programas de reconstrucción desde el Gobierno central no han avanzado como debieran.
Así pues, De La Espriella dejó apagar la antorcha de solidaridad que despertó el terremoto y fue mostrando falta de sensibilidad para entender las emociones y sentimientos de la gente, lo cual se hizo visible con la declaración de la “batalla contracultural” evidenciando su falta de sentido de la oportunidad política. Es que más allá de los éxitos que sus promotores pudieran reportar, semejante tarea logró un efecto indeseable: reactivó la polarización entre los colombianos al recordarles que había orillas marcadamente distintas que obligaban a tomar posición. De esta manera le dio un segundo aire a la izquierda que volvió a las viejas andadas en la calle y en el Congreso pues ya no tenía que confrontar al gran líder de la reconstrucción que tenía el respaldo social.
Ahora bien, si el presidente sigue creyendo que la mejor respuesta a la izquierda consiste en el desprecio, convertirá cada decisión en una revancha dedicándose a gobernar para quienes quieren ver derrotado al adversario. Es decir, estará cambiando los protagonistas del gobierno Petro sin cambiar la enfermedad. Y ¡cuidado!: el revanchismo de la derecha puede convertirse en el mejor argumento para que la izquierda vuelva a victimizarse. Cada exceso, cada exclusión injustificada y cada decisión que parezca castigo colectivo puede alimentar el relato de quienes aseguran que el poder sigue persiguiéndolos. No significa que ese relato sea necesariamente cierto, ni que determine el resultado electoral. Pero sí significa que un gobierno puede terminar entregándole argumentos a sus contradictores.
Las próximas elecciones regionales pondrán a prueba esta realidad. Mientras varios sectores políticos se concentran en cobrar cuentas, los municipios seguirán esperando seguridad, empleo, infraestructura y servicios públicos que funcionen. ¿Van a elegir gobernantes por su capacidad para resolver problemas o por su disposición a combatir al enemigo que aprendieron a odiar?
No confundamos justicia con venganza. Investigar la corrupción, establecer responsabilidades y sancionar a quien haya cometido un delito es indispensable. Pero hacerlo exige pruebas, debido proceso y las mismas reglas para todos. La ley no puede convertirse en un instrumento para humillar al adversario, así como la denuncia de persecución no puede servir para eludir responsabilidades.
Colombia no necesita una izquierda eternamente resentida ni una derecha embriagada por la revancha. Necesita dirigentes capaces de superar la lógica de la confrontación y ciudadanos dispuestos a exigir resultados incluso a quienes apoyan.