A la actual administración nacional se le está cayendo la estantería de forma dramática y consecutiva. Lo que presenciamos no es producto del azar ni de una conspiración de sus contradictores sino el resultado natural del mal gobierno, del desorden administrativo y de una marcada inclinación hacia la anarquía. Gobernar desde la impulsividad y la improvisación trae consecuencias, y hoy, esas consecuencias se le han convertido al presidente en una bomba de tiempo que está estallando paulatinamente.

El cinturón del discurso ya no puede sostener el peso de la realidad. Además de la descoordinación con los alcaldes para actualizar el catastro sin traumatismos en la tributación y del nombramiento del cuestionado Daniel Quintero como Superintendente de Salud – el 5º- para tratar de evitar el derrumbe completo del sistema, hemos venido viendo una sumatoria de escándalos de corrupción que ya no caben en la agenda pública. Entre los últimos está la alarmante cifra de 14 billones de pesos en contratación exprés justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, y los casi $500.000 millones malversados en el Caribe por redes como Aremca. Al burro se le ven cada vez más las orejas: son las de los propios aliados del poder, quienes han convertido la chequera del Estado en un botín ante la nula supervigilancia del gobierno nacional.

Y ante esto, surge una pregunta ineludible: ¿dónde están los guardianes de la moralidad política? Mientras el país observa este deterioro, figuras que en el pasado fueron implacables críticos, como los senadores Iván Cepeda y Ariel Ávila, hoy guardan un silencio aturdidor después de haber sido acérrimos denunciantes de la corrupción.

Sin embargo, el desorden no es solo financiero; es también moral e institucional. Hemos observado cómo durante el gobierno del “cambio” y bajo la máscara del progresismo, regresaron las peores costumbres de la corrupción política. Incluso hemos visto episodios de discursos con ridículos tintes de superioridad —como aquella vergonzosa frase presidencial de que «ningún negro me viene a decir a quién nombro»— y escenarios de gobierno degradados por analogías inmorales de carácter sexual que rozan el acoso frente a sus subalternos. El prestigio y el respeto que se le deben a la institución presidencia de la República han caído muy bajo durante el gobierno del presidente Petro.

Y por si fuera poco, Petro también ha dejado al descubierto su tendencia misógina. Por ejemplo, mientras la funcionaria Vanessa Gallego fue retirada de la Fiduprevisora en un abrir y cerrar de ojos para calmar las aguas tras el fracasado piloto de salud de los maestros —un sistema ideado por el presidente y el ministro Jaramillo—, los hombres de su círculo más cercano parecen gozar de una inmunidad a toda prueba. Ahí están Ricardo Roa, atornillado en Ecopetrol pese a los desplomes financieros y cuestionamientos penales; Hollman Morris, empoderado en RTVC a pesar de graves denuncias por acoso; o el ministro Benedetti, sumando escándalos sin consecuencias reales. Para este gobierno, las mujeres profesionales parecen ser fusibles desechables, mientras que el pacto de protección entre hombres se mantiene inquebrantable.

El presidente insiste en auto justificarse afirmando ser «la voz del pueblo». Pero, en un acto de elemental raciocinio, debemos preguntarnos: ¿al pueblo le gusta que le roben sus recursos? ¿Al pueblo le gusta que se maltrate la dignidad de las personas? ¿Acaso al pueblo le gusta que su sistema de salud esté en cuidados intensivos, poniendo en riesgo la vida de los más vulnerables?

Rotundamente No. La gran mayoría del pueblo colombiano es trabajador, decente y anhela estabilidad. Hacer esta radiografía no busca ahondar en la polarización, sino todo lo contrario: se trata de un llamado urgente a la cordura. Colombia no puede seguir siendo rehén del derroche y la improvisación. La verdadera reconciliación nacional no se construye tapando la corrupción ni tolerando la anarquía, sino exigiendo que las instituciones funcionen, que los recursos se respeten y que el gobierno, así sea en los pocos meses que le restan en el cargo, asuma con seriedad y decoro el mandato que se le entregó.